A partir del 30 de julio de 2020 se modifica la normativa aplicable a los trabajadores desplazados (expatriados e impatriados), con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones a los llamados “posted workers”, de modo que se incrementan las cargas administrativas en la medida en que se introduce un régimen de condiciones que varía en función de la duración del desplazamiento, y no del estado de acogida como marcaba la legislación europea hasta esa fecha.

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